La condena a Amado Boudou es un buen paso en la senda correcta. Es bueno porque se basa en un cúmulo de evidencias y testimonios, aunque también queden abiertos varios interrogantes sobre la ruta del dinero y los roles de Néstor y Cristina Kirchner en la trama. Pero más aún porque el tribunal ordenó su arresto y su traslado inmediato a una cárcel. Ese es, ni más ni menos, uno de los grandes "secretos" que explican la contundencia que registra desde hace años el Lava Jato, en Brasil.
En Brasil, los fiscales concluyeron que el riesgo real de terminar en una celda es una de las herramientas más eficaces con que cuentan para que confiesen los sospechosos y se vuelquen al régimen de la delación premiada. Ya sea durante el proceso -con las prisiones preventivas- o más aún tras la condena.
Con sus diferencias, esto mismo es lo que se ve en la causa derivada de los cuadernos de la corrupción en los últimos días. Grandes empresarios que jamás, ni en sus peores pesadillas, imaginaron dormir en prisión meditan si deben callar y seguir tras las rejas o confesar.
Las condenas del caso Ciccone aportan otro dato alentador: Alejandro Vandenbroele recibió la pena más baja que Boudou y los cinco condenados restantes. Traducción: el tribunal premió al único acusado que se dio vuelta, se desmarcó, traicionó (o como se quiera calificar) a los corruptos y declaró como arrepentido. Esa es, también, otra de las grandes enseñanzas del Lava Jato brasileño: hay investigaciones que jamás avanzarán sin que un protagonista se convierta en delator y sirva de guía a los fiscales.
¿Es perverso desde la perspectiva moral que el Estado deba reconocer su ineptitud para investigar y deba recurrir a un delator? Sí.
¿Es cuestionable que el Estado deba "premiar" a un delincuente para así avanzar contra delincuentes más importantes y poderosos? Sí. Pero es una realidad, ya sea en Estados Unidos -con el "plea bargain"-, en Brasil -con el régimen de la delación premiada- y más aún en la Argentina, donde la impunidad es la regla y las condenas en delitos de corrupción y de cuello blanco son la excepción.
Sin embargo, la condena de cumplimiento efectivo de Boudou deja varios interrogantes abiertos.
El primero, ¿quiénes fueron los financistas de la intentona? ¿Quiénes aportaron decenas de millones a la ignota y diminuta sociedad The Old Fund para que tomara el control de Ciccone Calcográfica? Vandenbroele, ya como arrepentido, afirmó que el banquero Jorge Brito es la respuesta a esas preguntas, y que fue Brito también quien le pagó durante años por su silencio. Aun así, el juez federal Ariel Lijo sigue sin avanzar contra él.
El segundo interrogante pasa por el fallecido expresidente Néstor Kirchner. ¿Dio la orden de avanzar sobre Ciccone? ¿Dispuso que lo hicieran como lo intentó Boudou? ¿O pretendió su estatización, como quería Aníbal Fernández, y Boudou intentó quedársela desde el día mismo en que Kirchner murió, el 27 de octubre de 2010, y The Old Fund llamó ese mismo día a una asamblea extraordinaria de accionistas para meter, por la ventana, a la sociedad uruguaya Dusbel SA que ni siquiera tenía aún sus papeles en regla para operar en la Argentina?
El tercer interrogante se centra en la entonces presidenta Cristina Kirchner. ¿Sabía? ¿Cuánto sabía? Y si no sabía, ¿cuándo se enteró y qué órdenes impartió? Porque fue ella quien aprobó el desplazamiento del entonces procurador Esteban Righi, molesta porque el jefe de los fiscales no había logrado "controlar" a su subalterno, a Carlos Rívolo, ni al juez Daniel Rafecas -quien solía definirse como su "discípulo"-. Validó su caída en las horas posteriores al allanamiento del departamento de Boudou en Puerto Madero.
La entonces presidenta fue más lejos. Porque Boudou debió remover a sus abogados de confianza y recurrir al equipo de la entonces ex-SIDE, mientras que la maquinaria de propaganda estatal -liderada por el programa 6, 7, 8 de la Televisión Pública- fijaba la línea oficial de defensa del vicepresidente y los ataques contra los investigadores judiciales y periodísticos.
El cuarto interrogante pasa por el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray. ¿Pudo Boudou operar sin el apoyo de la cúpula de la AFIP? Más aún, ¿pudo el jefe de Asesores de Echegaray Rafael Resnick Brenner -uno de los condenados ayer-, tomar decisiones sin la anuencia de su jefe directo? De hecho, Resnick Brenner era, como dice su cargo, "asesor", carente de firma ejecutiva, es decir, para decidir.
El quinto interrogante va más allá de Boudou. ¿La primera condena por corrupción a un vicepresidente electo por las urnas será un "leading case" en una nueva etapa de institucionalidad en la Argentina? ¿O Boudou servirá de "chivo expiatorio" como María Julia Alsogaray lo fue para la clase política tras la década menemista? Al fin y al cabo, ambos provenían de la UCeDé y los peronistas nunca los consideraron tropa propia, por más que ella aprendiera la marcha peronista y él refrescara sus pies en una fuente de la Plaza de Mayo. ¿Será el caso Ciccone el inicio y la causa por los cuadernos de la corrupción la continuación de un nuevo proceso en la Argentina? Muchos políticos y empresarios ruegan para que no sea así.
