Publicado el 27 de julio del 2018

Conde exigió los balances de Petrominera y adelantó que podría impulsar una denuncia penal

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En la sesión de este jueves, el presidente del bloque Cambiemos, Eduardo Conde, presentó un pedido de informes al Ejecutivo pidiendo los últimos tres balances de Petrominera. Alertó que de comprobarse la ausencia de la herramienta administrativa, iniciará una denuncia penal a los directores de la empresa por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

“Estamos en una antesala de una denuncia penal. Queremos saber cuál es la situación contable de Petrominera. En esta gestión –por la conducción de Jorge Ávila- desde hace dos años y medio a esta parte, no han sido aprobados los balances y no hay documentación fehaciente sobre la situación económica financiera de la empresa”, indicó.

Añadió que el traspaso del yacimiento Pampa del Castillo a la empresa Capsa –aprobado en la sesión del martes-, es prácticamente un ilícito penal. “El objeto primero de la empresa del Estado es participar de la actividad petrolera. Esta es la razón fundamental por la que nace la entidad. ¿Cómo se puede explicar que la empresa estatal a más de dos años de haber celebrado esta UTE, se retire del negocio? Aquellos argumentos que indican que lo hace porque no se halló para realizar inversiones, y que en este nuevo escenario se verá beneficiada, no resultan sólidos porque no tenemos la información que lo respaldo. Esto amerita un análisis concienzudo porque estamos advirtiendo la posibilidad de alguna negligencia en la administración”, señaló.

Incompatibilidad

Conde dijo además que los directores y síndicos de las empresas del Estado son funcionarios públicos, “por lo que están alcanzados por la normativa sobre la responsabilidad de quienes ostentan esta labor”. Y en ese sentido recordó que el titular de Petrominera, Jorge “Loma” Ávila, es a su vez el Secretario General de Petroleros, “y estas dos funciones en simultaneo son incompatibles. ¿Cuál es el interés primero, el gremio o la empresa estatal? Seguramente la respuesta la encontraremos cuando avancemos en la investigación”.

Sobre el acuerdo firmado con Capsa sostuvo que desconoce la negociación para el traspaso. “El valor fijado de 6.300.000 dólares que Capex le abonará a Petrominera por la resignación de su participación en el negocio, son valores que no surgen elocuentemente de las reservas con la claridad necesaria. No sabemos de dónde surgen. Es más, tenemos un número tentativo de que Petrominera para salir de este negocio pierde 16 millones de dólares”, indicó.

En este sentido dijo que a partir de la información de los estados contables –que no existen hasta el momento- “evaluaremos la posibilidad de ir a la Justicia”. La demanda será hacia los directores de la empresa por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esto es para empezar, después veremos qué otras cuestiones surgen de la información que solicito”.