Federación nacional de trabajadores camioneros : Nuestra única ruta es la defensa de los derechos y la dignidad de los trabajadores, de ese camino nadie nos va a apartar.

Expresamos nuestro más profundo repudio frente a la arbitraria y disparatada intimación recibida por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de la Sra. Patricia Bullrich, por la cual nos reclaman el reintegro de gastos por la suma de $ 40.419.227 en los que supuestamente habría incurrido el Estado debido al operativo de seguridad desplegado con motivo de la marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) el día 27 de diciembre del 2023 en la Plaza de Tribunales, contra el inconstitucional DNU 70/2023. El contenido de este decreto - al igual que la “ley ómnibus”-, atentan violentamente contra los intereses del pueblo argentino, y dedica un extenso capítulo a una “reforma laboral” que elimina derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. En poco más de un mes las medidas adoptadas por el Gobierno han acelerado salvajemente la inflación recayendo el ajuste sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables entre los cuales se encuentran los jubilados, a quienes además “prometen” continuar empobreciendo al derogar la fórmula de actualización de sus haberes. Estas políticas que ponen en práctica - lejos de ajustar a la “casta”- buscan eliminar los derechos y la dignidad de los trabajadores, y tienen como objetivo final instalar una esclavitud moderna, lo que deja en evidencia su profundo desprecio hacia los mismos. De la misma manera que el actual Gobierno intenta hacernos pagar supuestos gastos por participar de una marcha y ejercer nuestro derecho constitucional de protesta, la gestión macrista nos aplicó la multa más elevada de la historia, que en el año 2018 ascendía a la exorbitante suma de $1.052.000.000, la cual fue revocada por la Justicia Nacional del Trabajo. Hasta ese momento sólo existían dos antecedentes en el mundo de tanta gravedad y con tanta virulencia, en Estados Unidos el Gobierno de Ronald Reagan contra el sindicato de los controladores aéreos, y en Inglaterra el Gobierno de Margaret Thatcher contra el sindicato de mineros, casualmente dos personajes nefastos admirados por el Presidente, a los que ha citado como un modelo a seguir en más de una ocasión. El actual Gobierno sostiene y profundiza el discurso antisindical de sus devenidos aliados, un claro ejemplo de ello es el proyecto de resolución presentado por el diputado nacional Gerardo Milman el 11 de abril de 2022, quien junto a otros 14 diputados – mucho de los cuales viven del Estado desde hace décadas y les pagamos el sueldo los trabajadores- pretendía que el Ministerio de Trabajo solicitara la cancelación de nuestra personería gremial.
Sería interesante que algún funcionario explique cómo han llegado a determinar el importe de los gastos que reclaman, cuando no existió violación ni infracción a ninguna norma, y además porqué nuestra organización gremial debería someterse a pagar dos veces el mismo impuesto, dado que el servicio de seguridad ya se encuentra comprendido dentro de los impuestos que abonamos regularmente todos los ciudadanos.
Por habernos enfrentado a la “reforma laboral” macrista las distintas entidades que integran nuestra organización recibieron sistemáticamente más de 30 allanamientos y auditorías, en los cuales jamás se halló irregularidad alguna, ya que las mismas se basaron en burdas mentiras y causas armadas. A pesar de estos numerosos ataques nunca hemos dado un paso atrás. Nuestra conducta siempre ha sido la defensa irrestricta de la dignidad y los trabajadores y de ese lugar nadie nos va a sacar, ni las presiones, ni la persecución, ni las falsas acusaciones podrán hacernos renunciar a la lucha. POR TODO LO EXPUESTO RATIFICAMOS NUESTRO APOYO AL PARO GENERAL Y A LA MOVILIZACIÓN CONVOCADOS POR LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT) PARA EL DÍA 24 DE ENERO.

CONSEJO DIRECTIVO