Antidoping para funcionarios
La ley provincial 1233, sancionada en julio de este año por la Legislatura fueguina, fue reglamentada en las últimas horas a través del decreto 2565 y por lo tanto “entró en vigencia efectiva”, confirmaron a Télam fuentes oficiales.
La normativa determina que la autoridad de aplicación del mecanismo de antidoping será el Ministerio de Salud, y que esa área deberá elegir el tipo de examen al que se sometan las autoridades.
En tanto, la Secretaria General del gobierno y las áreas de Recursos Humanos confeccionarán el listado de funcionarios comprendidos por la ley, y crearán un sistema de sorteos para establecer el orden de convocatorias.
“En el caso de que el funcionario se niegue a realizar el examen, se procederá a iniciar juicio político (en el caso de funcionarios electos) enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura (para funcionarios judiciales) acto administrativo de cese de funciones (para funcionarios del Poder Ejecutivo) o se establecerá falta grave para que actúen las máximas autoridades sumariales”, explicó el propio gobierno en un comunicado.
A su vez, si el resultado del narcotest da positivo, el funcionario tendrá diez días hábiles para solicitar una contraprueba antes de que lo sancionen, y también deberá “someterse a una Junta Interdisciplinaria creada ad hoc a los fines de configurar si se trata de una adicción”.
Las autoridades fueguinas aclararon que en caso de detectarse adicciones, “se le garantizará al funcionario el tratamiento pertinente a través del Sistema de Salud Pública Provincial, cuando no disponga de obra social o prepaga”.
La norma alcanza desde la gobernadora y el vicegobernador hasta los subsecretarios, incluyendo autoridades de entes autárquicos y descentralizados, personal superior y subalterno de la policía, miembros del Servicio Penitenciario provincial y órganos de control, así como al Poder Legislativo y Judicial.
La ley 1233 fue sancionada en julio pasado “sobre tablas” y sin ningún tipo de debate previo.
Tierra del Fuego se convirtió así en la segunda provincia del país en implementar un sistema semejante, luego de Tucumán.
El abogado constitucionalista, sociólogo y académico Roberto Gargarella dijo a Télam que la norma vulnera la esfera privada de las personas, y además de sugerir que podría ser “inconstitucional”, la definió como “un disparate”.
